May 17, 2023 La Opinión San Nicolás "Estar informado, está bueno" Locales
Hoy se conoció el veredicto del Juzgado Federal de San Nicolás N° 2, sobre la causa por enriquecimiento ilícito que involucraba al intendente Manuel Passaglia y parte de su familia. Luego de más de 5 años de investigación, haberles tomado declaración y ordenado el acopio de documentación, la resolución establece que no existen pruebas para avanzar en una acusación contra los involucrados y por tanto dictaminó la falta de mérito.
El inicio de esta causa viene del año 2018, cuando por una denuncia anónima presentada en dicho Juzgado, el fiscal Matías Di Lello inició una investigación que hasta el momento había tenido algunas acusaciones, pero sin grandes avances. La única prueba presentada desde ese entonces son las declaraciones juradas hechas por la familia de Ismael Passaglia, donde figuran propiedades heredadas entre 2006 y 2010 que el fiscal cuestiona.
Sin embargo, luego de 5 años de investigación con todos los recursos de la Fiscalía abocados a esta causa, no se pudo adjuntar ninguna prueba que acredite la ilegitimidad de los bienes, por lo que el juez determinó la falta de méritos para acusar de enriquecimiento ilícito a los involucrados.
Desde el inicio, Manuel Passaglia, actual Intendente de San Nicolás, había manifestado que se trataba de “un intento desesperado de un fiscal partidario que inventó una causa sin pruebas y trata de generar ruido mediático con el fin de desprestigiar mi figura como Intendente y de mi familia, con fines políticos”.
Al respecto, Passaglia dijo “el hecho de que todo se base en una denuncia anónima y que el fiscal se pasee hablando de nosotros sin pruebas por los medios nacionales demostraron desde el principio que había animosidad y mala intención, para generar daño a mi familia y un desánimo en toda la gente que me eligió para ser el Intendente, buscando entorpecer mi trabajo en la ciudad”.
Cabe recordar también que, en 2021, el diputado Santiago Passaglia había pedido la recusación del fiscal por haber amenazado al asesor legal de la Municipalidad gritándole que él “la tenía así de larga y el Municipio así de chiquita”, haciendo gestos obscenos en la mesa de entradas de su fiscalía. Y después le dijo que era “el Municipio quién debía cumplir con las órdenes por él impartidas” y que “era él [Di Lello] y no la municipalidad quién iba a decir lo que había que hacer”. Por estos agravios fue incluso sancionado por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
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